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El honor tiene como antecedente la dignidad de las personas, lo que hace que sea considerado como un atributo de la personalidad del que todos y todas gozamos por el solo hecho de ser seres humanos.

El honor comprende tanto la opinión que el resto de personas puedan tener de mí, lo que se conoce como la fama, o reputación social, así como la autovaloración que cada quien tenga de sí mismo. Nuestra legislación protege al honor como un valor o bien jurídico indispensable para nuestra autorrealización personal, sancionando penalmente tres supuestos o figuras que atentan contra el honor de las personas.

En primer lugar, nuestro Código Penal a través del llamado delito de injuria sanciona a toda persona que mediante palabras, gestos o movimientos corporales ofende o ultraja a otra, lesionando su autovaloración o estimación personal o afectando su imagen o reputación.

Por ejemplo, por más que una persona se dedicara a la prostitución nada me legitimaría a insultarla gritándole que es un prostituto o una prostituta (palabra que en el Perú tiene una connotación negativa), dado que ello afectaría su honor, su estima personal y la reputación que tiene en nuestra sociedad.

Nuestro Código Penal también sanciona el delito de calumnia consistente en la falsa atribución de un delito a un miembro de nuestra sociedad. Así, se afecta el honor de una persona cuando se le atribuye haber realizado una acción delictiva que nunca hizo.

Por ejemplo, no puedo llamar violador a quien no ha violado o ha sido condenado por este delito, por afectar con estas afirmaciones injustamente.

Ahora bien, cuando los delitos de injuria y de calumnia son realizados frente a varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia o el hecho o la cualidad que perjudica el honor y la reputación de las personas, se configura una figura mas grave, denominada difamación.

Es importante recordar que para que un delito contra el honor proceda la persona directamente afectada debe acudir al Poder Judicial y presentar lo que se llama una querella. En estos casos no participa la fiscalía, siendo el agraviado quien directamente debe impulsar el caso ante el juez penal, previo pago de las tasas correspondientes de manera muy similar a lo que ocurre en un proceso civil.

Lo cierto es que sea ya por la vía penal (a través de una querella) o la vía civil (a través de una demanda indemnizatoria) el derecho al honor debe ser protegido y respetado por todos.

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REDACCIÓN MPODERATE

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