Por Jessica Lemus, Abogada.

Hace un par de días, en una de las cátedras de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad a la que asisto tuvo lugar uno de los debates más incómodos que he presenciado, y que ahora, algunos meses después me sigue pareciendo tan alarmante como en el momento que lo presencie.  

Y es que se discutía de la presunta inconstitucionalidad de la Ley Especial para la Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). Un nutrido grupo de estudiantes, entre hombre y mujeres, aseguraban que la sola existencia de esta ley vulneraba los Derechos constitucionales del género masculino. Entre los ataques a la referida ley se discutía que la misma castiga más duramente la muerte de mujeres (de 20 a 35 años en los casos de feminicidio sin agravante) versus el homicidio simple tipificado en el Código Penal (10 a 20 años), y que si existen feminicidios deberían haber “hombricidios” por aquello del principio de igualdad consagrado en el artículo 3 de la Constitución salvadoreña.

Teniendo en consideración que a través de los años ha existido una pública y confesa discriminación y abusos de poder hacia la mujer, la cual ha sido considerada por organizaciones internacionales como el grupo vulnerable más grande del planeta, y ante una sociedad patriarcal y excesivamente misógina, se vuelve completamente necesaria una protección especial y expedita a este grupo en particular, tal y como lo ha hecho en legislador en materia de menores. Sin embargo, los señalamientos retoman un principio constitucional presuntamente vulnerado obviando el inminente estado de necesidad de protección a las mujeres, el cual se ha visto terriblemente puesto en manifiesto los recientes días. Lo curioso en este tipo de discusiones en donde sobresalen las críticas negativas, es que ninguna trasciende a las instancias legales correspondientes, y entonces me pregunto: ¿El machismo es tan grande que impide a los hombres hacer valer su derecho a la igualdad presuntamente transgredido?

Y aun cuando en mi calidad de jurista en formación reconozco que la normativa en favor de las mujeres no es perfecta, y que su consideración conlleva a un profundo análisis filosófico – legal, me parece una total irresponsabilidad cuestionar la legalidad de una norma cuando la realidad me reclama exigir su aplicabilidad, porque la ley ya existe, porque fue incorporada a la legislación salvadoreña utilizando el proceso establecido,

porque hasta hoy es una herramienta a mi favor, porque los detractores de la misma no han solicitado su inconstitucionalidad, porque necesito que me protejan, porque señores, no es tiempo de ponernos filosóficos. Nos están matando.

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REDACCIÓN MPODERATE

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